El 16 de febrero de 2023 el Congreso aprobó definitivamente la reforma de la ley del aborto que busca garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.
La reforma, que introduce medidas novedosas, como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes, mantiene los plazos fijados por ley en 2010 y avalados por el Tribunal Constitucional, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación.
Excepcionalmente podrá interrumpirse el embarazo hasta la semana 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto. Después, solo será posible cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable confirmada por un comité clínico.
Con esta ley, las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años. Se elimina el requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus representantes legales.
Los centros sanitarios públicos deberán organizar sus servicios para garantizar la prestación del aborto.
Se creará un registro de objetores de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos, tampoco en la sanidad privada.
Se elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.
La reforma amplía los derechos reproductivos a todas las "personas trans con capacidad de gestar", es decir, a las que han cambiado su sexo al masculino, pero que han mantenido su aparato reproductor femenino.
Las religiones denuncian que, con el aborto y la eutanasia, el Estado español deja "gravemente desprotegida la vida humana"
Declaración Interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana
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Firma de la declaración |
Desde el respeto a los representantes de los tres poderes del Estado español, Legislativo, Ejecutivo y Judicial; desde el reconocimiento a su legitimidad democrática como servidores públicos para dictar leyes, administrar justicia y ejercer el poder delegado en representación de la soberanía popular; no poniendo en duda que trabajan en buena conciencia y de buena fe por el bien común; los abajo firmantes deseamos manifestar lo siguiente:
- Que, como representantes de las principales confesiones religiosas: Comisión Islámica de España, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Ecuménico, Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Rumanía, Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE) e Iglesia Católica, observamos con preocupación creciente cómo desde hace décadas, en nuestro país, se vienen promoviendo y aprobando leyes en las que, en algunos casos, la vida humana queda gravemente desprotegida, legislando no solo contra los principios del Creador, sino también contra el más esencial de los derechos humanos: el derecho a la vida.
- Que la vida es un don de Dios para el conjunto de la creación y de la humanidad.
- Que la dignidad humana no depende de sus circunstancias vitales ni del consenso social, sino que es una cualidad intrínseca de todo ser humano, cuyos derechos han de ser respetados siempre.
- Que toda vida humana, por tanto, en su inviolable dignidad, debe ser protegida desde el principio hasta el fin.
- Que el respeto a la dignidad de la vida de todo ser humano y sus derechos fundamentales, especialmente de los más débiles, son signos del progreso y la prosperidad de una sociedad y no puede considerarse que dicho respeto sea un retroceso o sea contrario a la libertad.
- Que comprendemos que hay situaciones complejas, de aparentes conflictos de derechos, que son difíciles de resolver; pero entendemos que profundos dilemas éticos y morales no pueden resolverse de forma genérica con el sacrificio de uno de los derechos fundamentales afectados (en este caso, el derecho a la vida) haciendo prevalecer el otro.
Por todo ello, como representantes pertenecientes a confesiones religiosas distintas pero unidos en la defensa de la vida, de la dignidad humana y de los derechos humanos -especialmente de los más vulnerables-, rogamos a nuestros fieles, a la sociedad en general y a la comunidad política, que reflexionen una vez más y asuman el compromiso de cooperar y trabajar juntos para que toda vida humana sea protegida y custodiada como un don de Dios, dotado de la más alta dignidad.
En Madrid, a 15 de febrero de 2023
Firman la Declaración
– Dr. Mohamed Ajana, secretario de la Comisión Islámica de España
– Mons. Bessarion, Metropolita de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado Ecuménico
– Mons. Timotei, de la Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Rumanía
– Rvdo. Andrey Kordochkin, Iglesia ortodoxa del Patriarcado de Moscú
– Mons. Carlos López, Iglesia Española Reformada Episcopal
– Dña. Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Evangélicas de España
– Mons. Francisco César, Secretario General de la CEE
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