El 16 de febrero de 2023 el Congreso aprobó definitivamente la
reforma de la ley del aborto que busca
garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en
centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.
La reforma,
que introduce medidas novedosas, como las bajas laborales por menstruaciones
incapacitantes, mantiene los plazos fijados por ley en 2010 y avalados
por el Tribunal Constitucional, con lo que el aborto seguirá siendo libre
durante las primeras 14 semanas de gestación.
Excepcionalmente podrá interrumpirse el embarazo
hasta la semana 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la
embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto. Después, solo será
posible cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una
enfermedad extremadamente grave e incurable confirmada por un comité clínico.
Con esta ley, las mujeres podrán interrumpir
voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años. Se elimina el
requisito introducido en 2015 por el Gobierno del PP que obligaba a las
menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus
representantes legales.
Los centros sanitarios
públicos deberán organizar sus servicios para garantizar la
prestación del aborto.
Se creará un registro de objetores
de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos,
tampoco en la sanidad privada.
Se elimina la obligación de
informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la
maternidad y también el plazo de reflexión de tres días.
La reforma amplía los
derechos reproductivos a todas las "personas trans con capacidad
de gestar", es decir, a las que han cambiado su sexo al masculino,
pero que han mantenido su aparato reproductor femenino.
Las religiones denuncian que,
con el aborto y la eutanasia, el Estado español deja "gravemente
desprotegida la vida humana"
En el mismo,
los representantes de Comisión Islámica de España, Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) Iglesia Ortodoxa del Patriarcado
Ecuménico, Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Rumanía, Iglesia Ortodoxa del
Patriarcado de Moscú, Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE) e Iglesia
Católica, plantean un duro alegato que, como reconocieron, tiene su origen en
las recientes leyes de eutanasia y aborto, así como en el aval que el
Tribunal Constitucional ha dado a la ley de plazos del aborto.
Declaración Interreligiosa sobre la dignidad de la
vida humana
