Más sobre Religión en la escuela.
Hay asuntos
que parecían comúnmente admitidos. Pero no. Me refiero a la clase de Religión.
Cuando el actual Gobierno ha querido justamente señalar un estatuto más
adecuado que el que tenía a la enseñanza religiosa en la escuela, en seguida se
han alzado voces discrepantes. No pretendo entrar en polémica, porque creo que
las cosas están bastante claras. Se trata de un derecho fundamental que tienen
los alumnos y padres que libremente lo soliciten. El Estado tiene la obligación
de facilitar el ejercicio real de este derecho fundamental, que asiste a padres
y alumnos, y a nadie perjudica, ni a nadie se impone.
La enseñanza
religiosa es un aspecto fundamental en la formación integral de la persona y un
elemento imprescindible en el ejercicio del derecho de libertad religiosa y de
conciencia. Es un derecho garantizado por la Constitución. Sin esta garantía la
Constitución no habría tenido en cuenta, en efecto, ni la formación plena del
alumno ni la libertad religiosa.
Es necesario
insistir en que los padres son quienes tienen el derecho de educar a sus hijos
conforme a sus propias convicciones y creencias, como reconoce el mandato
constitucional. La enseñanza de la religión en la escuela no es un privilegio
de la Iglesia Católica en el marco escolar. No es meramente
una cuestión de
derecho positivo de unos Acuerdos Internacionales entre el Estado Español y la
Santa Sede, que, por supuesto, deben cumplirse. Estos Acuerdos no hacen otra
cosa que concretar lo que corresponde a padres y alumnos –y a la misma Iglesia
que tiene el deber de atender con solvencia y garantía a la solicitud que éstos
hacen a la Administración–. Cuando el Estado garantiza la enseñanza de la religión
y moral en la escuela cumple sencillamente con su deber; y fallaría en ese
mismo deber para con los ciudadanos –y por tanto para con la sociedad– si no
propiciase el libre y pleno ejercicio de este derecho o no posibilitase de
manera suficiente su adecuado desarrollo.
Defender,
proteger y reclamar que se cumpla este derecho en todas sus exigencias, en
equiparación al resto de las otras áreas de aprendizaje o disciplinas
principales, es defender, en su raíz misma, el ejercicio de las libertades
fundamentales. Inhibirse, no reclamar o desproteger todo lo legítimamente
exigible en este terreno, vale tanto como dejar libre el camino al recorte de
otras libertades, e incluso a la desmoralización de la sociedad. Para los
católicos, es un deber muy serio y una necesidad grande la formación religiosa
y moral en los centros escolares, en los que se forma el hombre y la sociedad
de mañana. No se trata de una cuestión ideológica, sino de derechos. Un estado
democrático no debe dar la espalda al ejercicio de este derecho de padres y
alumnos. Con frecuencia en ciertos medios y por algunos grupos se vierte la
idea de que la clase de religión es algo atávico y una rémora para la
modernización de la sociedad que la Iglesia trata de mantener empecinadamente
como privilegio particular. No faltan quienes opinan que ya estaba bien como
estaba la enseñanza religiosa; pero hay que reconocer que como estaba –no fue
posible otra cosa– no respetaba entera y suficientemente lo que el ejercicio
del derecho a la enseñanza religiosa pide, de suyo. La legislación vigente es
francamente mejorable, sin lesionar nada ni nadie; el actual estatuto origina
tales dificultades que repercuten en deterioro de la clase de religión. (Hay
que reconocer que alumnos y profesores, a veces, tienen que superar
heroicamente no pocas dificultades, que van en deterioro de la formación
integral). Pienso, por otra parte, que deberíamos haber aprendido ya que el
progreso económico no está unido al recorte de la libertad religiosa: y recorte
sería el que la enseñanza religiosa no poseyese el estatuto propio que habría
de corresponderle conforme a la naturaleza educativa de la escuela y a la
necesidad de la formación integral de la persona. No caigamos en la trampa de
considerar que el tema de la enseñanza religiosa escolar es un asunto privado o
de la Iglesia. Es una cuestión en la que está en juego la persona y la
sociedad. Se necesita un apoyo social, legislativo y efectivo a este derecho y
deber, por la importancia que la enseñanza religiosa tiene para el «aprender a
ser hombre», y a realizarse como persona con sentido, libre y verdadera. Lo que
se haga en este terreno contribuirá al rearme moral de nuestra sociedad y a la
humanización de la misma, sin lo que no hay progreso digno de llamarse así.
«El estudio
de la religión en la escuela –señalaba hace unos años la Comisión Episcopal de
Enseñanza– es un instrumento precioso para que los niños y los jóvenes crezcan
en el conocimiento de todo lo que significa su fe, a la par que van
desarrollando sus saberes en otros campos. Comprenderán que creer en Dios
ilumina las preguntas más hondas que ellos llevan en el alma y que Jesucristo
es la revelación plena del misterio de Dios y del camino del ser humano.
Entenderán la cultura en la que viven, cuyos valores y expresiones artísticas y
de todo orden hunden sus raíces en la fe cristiana. Aprenderán a valorar lo
bueno que hay en otras religiones y a respetar la dignidad sagrada de todos los
hombres, creyentes o no. Adquirirán una visión armónica del mundo y de la vida
humana que les capacitará para ser personas más felices y ciudadanos más libres
y responsables, constructores de verdadera convivencia y de una sociedad en
paz».
Es necesario
que la enseñanza religiosa se reclame e imparta, se dignifique y se potencie,
se acredite, cada día más ante los alumnos, padres, profesores, sociedad y se
regule mejor.
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